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Washington. – El Gobierno del presidente Donald Trump suspendió temporalmente las citas para visas de inmigrante de solicitantes de todo el mundo, como parte de las nuevas medidas destinadas a reforzar los controles migratorios y evitar que personas consideradas susceptibles de convertirse en una carga pública ingresen al país.
De acuerdo con informes de medios estadounidenses, citados por funcionarios conocidos con el proceso, el Departamento de Estado comenzó a implementar la medida a principios de agosto en embajadas y consulados de Estados Unidos.
La disposición ha obligado a modificar citas previamente programadas para permitir una capacitación de los funcionarios consulares, con el objetivo de fortalecer los criterios utilizados durante la evaluación de los solicitantes.
Según The Guardian, el Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, trabaja desde principios de este año en nuevas instrucciones y programas de formación para que los oficiales consulares puedan analizar de manera más amplia y uniforme la situación de cada persona que solicita una visa de inmigrante.
Varios solicitantes que ya contaban con entrevistas programadas recibieron correos electrónicos en los que se les notificaba la cancelación de sus citas y se les indicaba que posteriormente recibirían una nueva fecha.
Las autoridades estadounidenses justifican la medida en la necesidad de determinar si quienes buscan establecerse permanentemente en Estados Unidos podrán mantenerse sin depender de los programas de asistencia pública.
Las visas de inmigrante permiten a ciudadanos extranjeros solicitar su entrada a Estados Unidos con la intención de residir de manera permanente. La pausa, sin embargo, no afecta las visas de no inmigrante, utilizadas, entre otras multas, para viajes de turismo y negocios.
Endurecimiento de las políticas migratorias
La decisión forma parte de una serie de acciones impulsadas por la administración Trump para incrementar los controles sobre la inmigración, tanto regulares como irregulares.
La medida se produce pocos días después de que un juez federal dejara sin efecto una política que había detenido el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.
A estas disposiciones se suma una mayor revisión de los solicitantes de visados, que incluye el análisis de su actividad en redes sociales y nuevos costos asociados a determinados procesos.
Posible revocación de visas a solicitantes de asilo
El Gobierno estadounidense también contempla revocar visas de paseo B1/B2 a personas que soliciten estos documentos después de ingresar al país bajo las categorías de turismo o negocios y que posteriormente presentaron solicitudes de asilo.
De aplicar esta medida, podría alcanzar a unas 200.000 personas con procesos de asilo pendientes, convirtiéndose potencialmente en una de las mayores revocaciones masivas de visas en la historia de Estados Unidos. La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.
Asimismo, la administración Trump ha revocado visas por diferentes motivos, bajo el argumento de que una visa constituye un privilegio y no un derecho .
El Departamento de Estado informó a principios de agosto que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, alrededor de 175.000 extranjeros habían perdido sus visas por razones que incluyen antecedentes o actividades delictivas, violaciones a las leyes estadounidenses y determinadas expresiones vinculadas al asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
Dentro de ese proceso también figuran unas 600 visas relacionadas con casos de turismo de parto, según las autoridades estadounidenses.
República Dominicana, primer país con programa de fianzas
En paralelo, Estados Unidos puso en marcha a principios de agosto en República Dominicana un programa que contempla el pago de fianzas para determinados solicitantes de visas de inmigrante considerados por funcionarios consulares como personas con un elevado riesgo de convertirse en una carga pública.
La medida no se aplicará de manera automática a todos los solicitantes. La decisión quedará en manos del funcionario consular, quien evaluará cada caso de forma individual.
El monto de la fianza aún no ha sido confirmado oficialmente. No obstante, informes de medios estadounidenses señalan que podrían situarse entre 100.000 y 250.000 dólares, dependiendo del nivel de riesgo atribuido a cada solicitante.
