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Santo Domingo, 28 ago (EFE).– Familiares de las víctimas y sobrevivientes del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, reclamaron este viernes una condena ejemplar al comenzar el juicio de fondo contra los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat, por la tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos el 8 de abril de 2025.
La audiencia, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, comenzó con la presentación de la acusación del Ministerio Público (Fiscalía) contra los hermanos Espaillat, procesados por homicidio involuntario, un delito que contempla una pena máxima de dos años de prisión.
Los querellantes, sin embargo, reclaman que los hechos sean calificados como homicidio voluntario, al alegar que los propietarios conocían el deterioro del inmueble, considerado durante años un símbolo del entretenimiento nocturno de Santo Domingo. Esta calificación podría implicar una pena de entre 20 y 30 años de prisión.
Según el Ministerio Público, la discoteca «operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados».
Durante la audiencia de este viernes, el responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que «el peso de la negligencia pudo más que la capacidad del techo del Jet Set».
«La tragedia ocurrió por negligencia, por descuido. Eso no tenía columna y el techo estaba lleno de plantas eléctricas», dijo a la prensa una mujer que acudió a la audiencia para reclamar al tribunal «una condena ejemplar» contra los hermanos Espaillat.
Por su parte, Ana María Ramírez, sobreviviente del derrumbe e integrante del Movimiento de Justicia Jet Set, valoró el inicio del juicio «después de una larga espera», pero insistió en que el caso debe ser tipificado como homicidio voluntario.
El pasado 15 de junio, durante la audiencia preliminar, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó las medidas de coerción impuestas a los acusados, que incluyen garantía económica, presentación periódica y prohibición de salida del país.
El tribunal también ordenó la inmovilización de bienes de los imputados por hasta 500 millones de pesos (unos 8,3 millones de dólares) como medida cautelar.
La tragedia ocurrió en la madrugada, mientras centenares de personas asistían a una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien murió en el siniestro junto con uno de los músicos de su orquesta.
Entre las víctimas también estuvieron el exlanzador dominicano de las Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y actual ministro dominicano de Obras Públicas, Eduardo Estrella.
Asimismo, murieron 18 venezolanos, tres hispanodominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano. EFE.
