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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó formal acusación y solicitó apertura a juicio en contra de un hombre procesado por comunicar una falsa alerta de bomba al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), una acción que provocó la activación de protocolos de emergencia, el retorno de una aeronave en pleno vuelo y la suspensión temporal de las operaciones aéreas.
El expediente contra Ángel del Pino Cuya, quien también es identificado como Ricardo Casas, fue presentado ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo. La acusación está a cargo del procurador fiscal Andrés Mena, de la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto con las fiscales Felbelys Rosario y Ana Sánchez, de la Fiscalía de Santo Domingo Este. Actualmente, el procesado cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.
De acuerdo con la investigación oficial, los hechos ocurrieron el 6 de enero de 2026, cuando el imputado realizó una llamada telefónica para reportar de manera falsa la presencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de la aerolínea Copa Airlines. La advertencia activó de inmediato los planes de contingencia del aeropuerto, obligando a la aeronave a regresar en pleno vuelo y a la aplicación de estrictos protocolos de seguridad en la terminal.
Para sustentar el pedido de juicio, el Ministerio Público integró una robusta estructura probatoria recopilada con el apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El expediente incluye el registro y la transcripción de la llamada efectuada al centro de atención de AERODOM mediante la plataforma Amazon Connect, así como certificaciones de compañías telefónicas que vincularon el número emisor con el dispositivo incautado al acusado. Asimismo, se incorporaron informes técnicos del CESAC y de la División de Investigación de Delitos Informáticos de la DNI.
El caso también se apoya en evidencias digitales y peritajes forenses practicados al teléfono móvil del imputado, los cuales permitieron recuperar registros y metadatos vinculados con la llamada. Como elemento clave dentro del proceso, un análisis de acústica forense realizado por la Policía Científica determinó que la voz grabada en las llamadas corresponde a Ángel del Pino Cuya.
Por estas acciones, la conducta del imputado fue calificada jurídicamente bajo las violaciones a la Ley número 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, y a la Ley número 267-08 sobre Terrorismo, debido a la gravedad de comprometer la seguridad operacional y afectar infraestructuras críticas del Estado.
