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Santo Domingo. – El conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los imputados en el denominado caso Senasa 2.0 quedó nuevamente pendiente este jueves, luego de que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispusiera un nuevo aplazamiento y convocara a las partes para continuar la audiencia este viernes a las 2:00 de la tarde.
Esta es la tercera ocasión en que se pospone la audiencia, que inició cerca de las 2:00 de la tarde y se prolongó por más de nueve horas, hasta pasadas las 11:30 de la noche.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para los acusados, además de que el proceso sea declarado complejo.
Durante la jornada, los abogados de los imputados presentaron sus argumentos y formularon objeciones a la petición de coerción depositada por el órgano persecutor. Uno de los representantes legales indicó que algunos de los defensores admitieron determinados hechos, mientras otros ofrecieron versiones diferentes frente a las acusaciones.
Defensa continuará este viernes
La exposición de la defensa continuará este viernes con la participación de los abogados que aún no han agotado sus turnos.
Una vez concluida esta etapa, el Ministerio Público tendrá la oportunidad de presentar su réplica, mientras que posteriormente los abogados de la defensa podrán realizar la contrarréplica.
Antes de finalizar esta fase del proceso, los imputados también tendrán la oportunidad de dirigirse al tribunal.
El representante de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, Miguel Surún Hernández, cuestionó el alcance que ha tenido la investigación relacionada con el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Surún Hernández, quien afirmó que la organización participa en el proceso, sostuvo que todavía quedan elementos por esclarecer y planteó que las pesquisas deberían incluir a otros sectores que, según dijo, podrían tener algún grado de responsabilidad en el presunto esquema.
Así mismo, mencionó a empresarios y representantes relacionados con el sector salud y consideró necesario establecer el nivel de responsabilidad que pudiera corresponder a cada persona dentro del presunto entramado investigado.
El abogado también afirmó que algunos médicos han declarado que sus códigos fueron utilizados de manera indebida y cuestionó que varios de ellos, según su versión, todavía no hayan sido entrevistados.
