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La imagen plantea una interrogante legítima sobre la administración de los recursos públicos. Si el Estado destina RD$12 millones para alquilar plantas eléctricas destinadas a hospitales, la ciudadanía tiene derecho a preguntar por qué fue necesaria esa contratación, especialmente cuando desde distintos sectores oficiales se ha insistido en que la crisis de los apagones está bajo control.
Los hospitales son servicios esenciales y no pueden quedar sin energía eléctrica ni por un minuto. Sin embargo, precisamente por esa importancia, corresponde a las autoridades explicar si el alquiler de plantas responde a una emergencia temporal, a la falta de mantenimiento de equipos propios o a deficiencias persistentes en el suministro eléctrico.
Más allá de las consignas políticas, el verdadero debate debe centrarse en la transparencia y la planificación. Si existen inversiones millonarias para garantizar electricidad en los hospitales, la población merece conocer el alcance del contrato, su duración, los centros beneficiados y las razones técnicas que justifican el gasto.
La confianza en las instituciones no se fortalece con discursos, sino con información verificable, rendición de cuentas y decisiones que puedan ser explicadas con claridad. En una democracia, cada peso del presupuesto público debe poder justificarse ante los ciudadanos.
