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La voluntad legítima del presidente salvadoreño de salvar a sus cuatro militares no puede justificar una intervención militar unilateral en Haití, en violación de su soberanía nacional.
La lucha contra las pandillas no puede convertirse en un pretexto para eludir el derecho internacional. Toda operación militar debe enmarcarse en un marco jurídico claramente establecido, de conformidad con el mandato de la Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG) y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
La gravedad de la situación de seguridad en Haití no suspende ni el derecho internacional ni la soberanía del país.
