Radar Actualidad
Cuando la justicia penal comienza a negociarse, el ciudadano deja de confiar en ella. La persecución de la corrupción no puede convertirse en un espacio donde el principal objetivo sea llegar a acuerdos, mientras el daño causado al patrimonio público queda relegado a un segundo plano. Si quienes administran recursos del Estado perciben que el peor escenario es negociar con el Ministerio Público, el efecto disuasorio del derecho penal desaparece.
El Ministerio Público tiene la misión constitucional de investigar, acusar y procurar que se impongan las consecuencias previstas por la ley. Aunque los acuerdos y criterios de oportunidad existen en determinados supuestos legales, su aplicación en casos de corrupción de alto impacto exige máxima transparencia y un estricto respeto al interés público. De lo contrario, puede instalarse la percepción de que la justicia actúa más como un ente de conciliación que como un verdadero garante de la responsabilidad penal.
La lucha contra la corrupción no puede medirse únicamente por la recuperación de bienes o por acuerdos procesales. También debe garantizar que exista una respuesta penal proporcional cuando la ley así lo exige. La justicia debe enviar un mensaje claro: defraudar al Estado no puede convertirse en un negocio donde las ganancias superen las consecuencias.
Radar de Actualidad: La credibilidad de la justicia no se fortalece negociando con la corrupción, sino demostrando que el poder, el dinero y la influencia nunca estarán por encima de la ley.
