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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público sostiene que los implicados en la Operación Cobra 2.0 habrían utilizado información de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para generar reclamaciones médicas por servicios que los pacientes no habían solicitado ni recibido.
Según la solicitud de medida de coerción, los datos confidenciales se habrían obtenido mediante accesos a los sistemas de la aseguradora por parte de empleados y exempleados de SeNaSa. El numeral 23 del expediente señala, entre quienes habrían tenido acceso, a Ángel Luís Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova.
La acusación agrega que, en otros casos, los datos de los asegurados eran entregados a médicos investigados para que elaboraran las reclamaciones. El numeral 24 indica que los formularios eran «firmados, sellados y se le colocaba el código PSS por parte de los médicos» antes de ser procesados, para darles apariencia de regularidad.
El documento describe una estructura con una «división clara y definida de roles», en la que participaban empleados y exempleados de SeNaSa, médicos y otras personas.
Selección de víctimas
En el numeral 32 (páginas 23 y 24), el Ministerio Público habla de una «selección deliberada de víctimas», tomando en cuenta la ubicación de los afiliados o la baja frecuencia con que usaban su seguro. Con esos perfiles había menos posibilidades de que los afectados detectaran o reportaran los servicios registrados a su nombre.
Reparto de hasta 60 %
Tras el pago de las reclamaciones por parte de SeNaSa, los recursos eran distribuidos entre los integrantes de la estructura. El numeral 36 (página 25) habla de una «repartición de los beneficios económicos obtenidos ilícitamente». Según el órgano persecutor, los médicos entregaban entre el 40 % y el 60 % del monto cobrado a otros integrantes, en efectivo o mediante transferencias bancarias.
El esquema iniciaba con la obtención de los datos de los afiliados, seguía con la generación y formalización de las reclamaciones y concluía con el pago y la distribución del dinero.
Las imputaciones forman parte de la solicitud de medida de coerción y deberán ser determinadas por los tribunales conforme avance el proceso.
