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SANTO DOMINGO.- La red criminal desmantelada en el caso «Senasa 2.0» operó entre enero de 2021 y febrero de 2025 mediante un mecanismo articulado entre empleados de la aseguradora estatal y médicos prestadores de servicios. El esquema permitió la tramitación irregular de 4,363 autorizaciones médicas y la sustracción de más de 41.1 millones de pesos del erario público.
El modus operandi se iniciaba con la selección deliberada de afiliados vulnerables o con bajo historial de uso de su seguro médico. Utilizando los accesos internos a las bases de datos de la institución, el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas, extraía la información personal y confidencial de estos usuarios sin su consentimiento.
Con las identidades identificadas, los miembros del entramado realizaban llamadas al centro de atención telefónica (call center) de Senasa suplantando a los pacientes y empleando identidades falsas como «Pedro Martínez» o «Ángel Beltré» para solicitar autorizaciones de procedimientos ambulatorios, consultas especializadas y cirugías menores. Para dar apariencia de legalidad a las solicitudes, Guzmán Vásquez utilizaba los códigos oficiales de prestadores de servicios médicos (PSS) pertenecientes a los doctores aliados al esquema.
Una vez generadas las autorizaciones en el sistema, los médicos completaban los formularios de reclamaciones integrando diagnósticos y procedimientos inexistentes. Para cerrar la fase administrativa, los profesionales de la salud firmaban y sellaban los expedientes falsificando la rúbrica de los afiliados, un hecho confirmado por las pericias caligráficas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) e inconsistencias en las auditorías, como consultas ginecológicas facturadas a usuarios masculinos.
El ciclo delictivo culminaba con el desembolso de los fondos públicos por parte de Senasa. Tras recibir las transferencias de la aseguradora, los médicos retornaban entre un 40 % y un 60 % del dinero facturado a Ángel Luis Guzmán Vásquez y a sus familiares directos mediante entregas en efectivo o transferencias bancarias. Estas transacciones se realizaban sin justificación o bajo conceptos falsos como «pago a san de madre» o «pago préstamo» con el propósito de blanquear los recursos.
