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SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a dos mujeres acusadas de integrar una red de tráfico de menores desde la República Dominicana hacia las islas de Tórtola y Dominica, mediante la suplantación de identidades y pasaportes falsificados.
La medida coercitiva fue dictada por el juez Leomar Cruz Quezada en contra de Adolfina Paula Pimentel y Cristian Del Carmen Rosario Rodríguez, quienes deberán cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, en San Cristóbal. Una tercera implicada, Yaribel Cristina Esquea, fue favorecida con una garantía económica de RD$50,000 mediante aseguradora y presentación periódica.
El tribunal también declaró la tramitación del caso como expediente complejo.
Según la solicitud presentada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, y los fiscales Roberto Antonio Reyes Torres, Diógenes Quezada y Felbelys Rosario, la investigación ha identificado hasta el momento a tres adolescentes de 14 y 16 años como víctimas de la estructura criminal, las cuales permanecen bajo la custodia y protección de las autoridades.
El expediente señala que el pasado 8 de octubre de 2026, Paula Pimentel fue arrestada en flagrante delito en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) cuando pretendía abordar un vuelo hacia Tórtola con dos de las víctimas. Al ser entrevistadas, las inspectoras detectaron que las menores solo hablaban creol pese a portar pasaportes dominicanos, además de que uno de los permisos migratorios presentados resultó ser falso.
Las indagatorias con la Dirección General de Pasaportes revelaron que la red utilizaba registros de nacimiento legítimos de niñas dominicanas residentes en Villa Mella para tramitar pasaportes y sacar del país a menores extranjeras. En el caso de la imputada Esquea, la acusación establece que aceptó dinero a cambio de facilitar los datos de sus propias hijas para utilizarlos en el esquema fraudulento.
